Dos de las compañías de comercio más grandes en el sector de la soja en Brasil fueron relacionadas directamente con el abuso de derechos indígenas y de la tierra, según un portavoz del grupo ambiental Earthsight.

Earthsight nombró a estas compañías como Bunge y Cargill, y exclamó que estas trataban con soja producida en una granja que se encuentra sobre un territorio ancestral de los pueblos indígenas de Kaiowá.

Los Kaiowá fueron entonces forzosamente desalojados por los hacendados hace medio siglo atrás, sin embargo, el grupo étnico aun contina afirmando que esta tierra les pertenece y que lleva el nombre de Takuara.

Después de su toma, la tierra fue deforestada para dar paso a la cría de ganado y plantaciones de soja. Marcos Véron, miembro y jefe del pueblo Kaiowá, fue golpeado a muerte en una violenta colisión entre los nuevo dueños y aquellos que querían recuperar su territorio, esto sucedió en 2003.

Concluciones del reporte

El informe leía lo siguiente: “Nuestra investigación demuestra cómo la política irresponsable de derechos indígenas de Cargill y la cuestionable trazabilidad de proveedores indirectos de Bunge exponen sus cadenas de suministro a ilegalidades y conflictos violentos, a pesar de sus compromisos declarados con los derechos humanos”.

Las compañías se han defendido alegando que el territorio legalmente no les pertenece a los Kaiowá y que por ende no hay ningún tipo de ilegalidad. Por el otro lado, también afirman que las operaciones comerciales también son leales y que cumplen con la legislación brasilera y los procedimientos de la compañía.

Ambas empresas, que combinadas representa el 30.8% de todas las exportaciones brasileras de soja a EU y UK, tiene una detallada seria de regulación con respecto al trabajo, derechos indígenas y sustentabilidad.

El territorio fue reconocido como Guarani-Kaiowá en 2010 pero los gobiernos siguientes no han conseguido ni intentado concluir con el traspaso legal de pertenencia, según expresa Earthsight.

Un trabajo conjunto entre antropólogos, abogados, sociólogos, cartógrafos y otros expertos están buscando la manera en como determinar a quien le pertenece la tierra. Las confirmaciones formales se presentan a través de decreto presidencial pero los pasos finales se han ido atrasando por más de 10 años debido a disputas legales.

El problema de la soya afecta mucho más de lo que un cree, para empezar, contamina toda la cadena de suministro del producto alrededor del mundo; países en Europa por ejemplo pueden no saber que están comprando un producto que atenta contra los derechos humanos. Por el otro lado, el negocio de la soya también contribuye en gran medida a la deforestación de la selva y llanos de Brasil, otros países como Argentina y Bolivia le estarían siguiendo el paso representando un potencial peligro para biodiversidad y sustentabilidad de sus debidos territorios. Por último, el desdeño del mismo presidente de Brasil Jaire Bolsonaro hacia las más de 200 etnia originarias pone aún en mayor peligro la vida de estas nobles persona tanto por persecución política, así como de manera menos directo como ser su abandono estructural y sistemático. En ese sentido estas comunidades y grupos quedan completamente expuestos al tráfico de drogas, la minería ilegal, hacendados y cazadores todos elementos que afectan su vida y pueden conducir a su desaparición absoluta.