La ministra de Igualdad española, Irene Montero, se pronuncia sobre el tema del aborto. Sostiene que es necesario regular la objeción de conciencia para que se pueda practicar el aborto en todos los hospitales públicos.

Reconoce que es legítimo que haya médicos que no quieran realizar estas prácticas, pero afirma que esta postura de un profesional sanitario no puede impedir el ejercicio efectivo de un derecho fundamental de la mujer.

Las declaraciones de la ministra se produjeron el miércoles, directamente desde su perfil de Twitter. Dice así: “La objeción de conciencia no puede ser un obstáculo para que las mujeres ejerzan su derecho a interrumpir un embarazo. Debemos reformar la ley para regularla y que en este país el aborto sea garantizado en la sanidad pública.”

¿Cómo solucionar el problema?

Durante una entrevista declaró que el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo debe estar protegido por la ley. Se necesitan soluciones y regulaciones. Hay que garantizar que el derecho de un médico a ser objetor de conciencia no niegue a las mujeres su derecho a interrumpir un embarazo. Subrayó que debe haber profesionales en los hospitales públicos que realicen estas intervenciones. La objeción de conciencia, según Montero, debería regularse de diferentes maneras. Debería haber una comunicación previa y por escrito, de modo que con un registro centralizado todos los hospitales públicos pudieran asegurar que hay personal disponible para realizar la interrupción voluntaria del embarazo.  

Además, la ministra explicó que este derecho de los médicos «se está utilizando en la práctica para impedir el derecho efectivo al aborto en los centros públicos«. Por lo tanto, el derecho de los médicos a no realizar esta práctica siempre está por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. A menudo se ven obligadas a acudir a clínicas privadas cuando no hay posibilidad de interrumpir el embarazo en un hospital público.