La presidenta de la Junta, Susana Díaz, emitirá este jueves un decreto por el que se retirará provisionalmente a la Consejería de Fomento y Vivienda, al frente de la que se encuentra Elena Cortés (IULV-CA), las competencias relativas a la adjudicación de viviendas del parque público de la Junta de Andalucía, según han informado fuentes del Gobierno autonómico. La noticia se hace pública tras la polémica de la Corrala Utopía. Ayer mismo Elena Cortés entregaba las llaves a las diez familias desalojadas, pese a que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, afirmara que el realojo de estas familias, planteado por la Consejería de Fomento y Vivienda, no era el camino correcto. Según el portavoz, hay que poner el «cuentakilómetros a cero» para buscar la fórmula adecuada que dé una solución a esas personas, dentro del «estricto cumplimiento de la ley». Fuentes del Gobierno andaluz han informado que se va a abrir una investigación interna de la Junta al con el objetivo de ver si los procedimientos y criterios de adjudicación de viviendas a las familias se ajustan a los principios de igualdad y legalidad. Del mismo modo, Vázquez manifestó esta tarde que ante la situación que vivían las familias desalojadas de la Corrala, la Junta, como siempre, «va a atender a los menores y a las personas en riesgo de exclusión a través de los servicios sociales», lo que «no va a modificar, desde luego, el orden legítimo de las listas de adjudicación de viviendas sociales», porque también hay cientos de familias que se encuentran en una situación de exclusión y de gravedad que ya tienen unos derechos consolidados. Por su parte, sobre las 21,00 horas de este miércoles, la Consejería de Fomento y Vivienda, según han informado fuentes del departamento que dirige Elena Cortés, comenzó el proceso de realojo de familias desalojadas de la Corrala Utopía, en cumplimiento del auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que mandata a las administraciones a «proveer lo necesario» para atender «a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social”.