El 25 de junio entró en vigor en España la ley reguladora de la eutanasia.

Después de esa fecha, la mujer comenzó a expresar a su médico su deseo de recurrir a esta práctica. Ella padece una enfermedad musculo-esquelética crónica incurable – agravada por su intolerancia a los opioides – y un cáncer de vejiga. Al principio recibió una respuesta positiva del médico, pero al cabo de dos días la doctora se declaró objetora de conciencia. La ley establece que, en estos casos, se debe designar a otro médico para que examine al paciente y evalúe si cumple los requisitos de la ley, pero la mujer no recibió ninguna respuesta.

Conocedores de sus intenciones eran su mejor amiga y el asesor médico de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), el doctor Fernando Marín.

La mujer dijo: “Siempre he dicho que no quiero vivir si no puedo tomar decisiones sobre mi vida. Y ya no puedo coser, no puedo leer. No hay nada que esperar. No es un capricho, es que mi vida consiste en sufrir lo menos posible, y aun así mi sufrimiento es intolerable.»

Subrayó que su verdadero deseo no es suicidarse, sino simplemente que la ayuden a acabar con su sufrimiento. Por ello, le resulta inconcebible que exista una ley que no se aplique.

Insistió repetidamente en la falta de respuesta del hospital, Gómez Ulla. También declaró que nunca la había visto un segundo médico que debía comprobar si cumplía los criterios de la eutanasia. Sin embargo, un portavoz de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid dijo que un segundo médico había examinado a la mujer y la había calificado de no apta.

Ante la discrepancia entre las declaraciones, el doctor Fernando Marín presentó a principios de septiembre una denuncia ante la Dirección General de Humanización y Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid.

Al final, tras repetidos intentos infructuosos de que su muerte fuera asistida por personal médico en un hospital, la mujer tomó la decisión de quitarse la vida en un hotel de Madrid el pasado domingo.