El Tribunal Supremo rechaza la validez del matrimonio por el rito gitano

El Tribunal Constitucional no reconoce la validez civil de los matrimonios por el rito gitano. El Tribunal desestima el recurso de amparo de una mujer casada por el rito gitano. La mujer demanda a la Seguridad Social tras negarle la pensión de viudedad después de haber fallecido su pareja.

La vicepresidenta del Tribunal Encarnación Roca declara que “Negar la pensión de viudedad a una mujer casada por el rito gitano no supone ningún tipo de discriminación social ni étnica».

Afirma que “la unión celebrada conforme a los usos y costumbres gitanos no ha sido reconocida por el legislador como una de las formas válidas para contraer matrimonio con efectos de validez civil”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da la razón a la viuda

En noviembre de 2014, la recurrente en amparo, demandó a la Seguridad Social tras negarle la pensión de viudedad. Estuvo conviviendo con su pareja durante 15 años. Fruto de esta relación nacieron cinco hijos. No consta inscripción de la unión como pareja de hecho. Los hijos aparecen inscritos en el libro de familia como de padres solteros. La pareja se caso por el rito gitano.

Un juzgado de lo Social de Jaén denegó la demanda por no haberse formado una pareja de hecho con el causante al menos dos años antes del fallecimiento. De acuerdo con lo establecido en el art. 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social.

Por otro lado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón a la viuda. Le reconoció su derecho a obtener la pensión, por los años de convivencia y los hijos que tenían en común. Estos dos factores daban por válido a su matrimonio contraído bajo el rito gitano.

Sin embargo, el Pleno de lo Social del Supremo anuló la sentencia al señalar que el libro de familia es un documento público que acredita el matrimonio pero no la existencia de pareja de hecho.

El Constitucional insiste en que, no se trata de una discriminación hacia la etnia gitana, sino porque no se han cumplido los requisitos legales exigidos.

La sentencia cuenta con un voto particular

El magistrado Juan Antonio Xiol, considera que existe una discriminación indirecta por razón de pertenencia a una minoría. Las tradiciones culturales del pueblo gitano no están inscritas en los registros.

El magistrado argumenta, que la denegación de una pensión de viudedad en estas circunstancias, implica una desventaja de los miembros de la comunidad gitana, en cuanto al resto de personas que conviven bajo la fórmula de uniones de vida registradas.

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