Ley del colectivo Trans en una manifestación

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha presentado ante la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el borrador de la nueva Ley Trans. Una norma que lleva bloqueada desde 2018, y que busca la autodeterminación de género y la no discriminación de las personas transexuales.   

Desde 2017, el cambio de género en el Registro Civil es posible en mayores de edad. Un proceso que dura dos años y que exige la acreditación médica de “disforia de género” para poder iniciarse en el proceso de transición.

La propuesta de Montero busca permitir el registro de cambio de sexo sin necesidad de un informe o tratamiento médico a partir de los 16 años. De esta forma se eliminan los requisitos de un informe médico y ser mayor de edad para solicitar la modificación formal. Además, desde Podemos proponen que las personas de entre 12 y 16 años puedan solicitarlo también con el consentimiento de los padres o tutores.

La propuesta ha suscitado opiniones enfrentadas dentro del colectivo feminista y del propio Gobierno. Una parte del movimiento por la lucha de igualdad entre hombres y mujeres considera que la futura norma supone un retroceso. El término “autodeterminación de género” sería el motivo de dicha disputa. Una parte del movimiento feminista considera que desdibuja a la mujer como un sujeto político y jurídico.  

Por su parte, dentro del Gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo apoya esta visión, mientras que la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende que esta ley es necesaria para saldar la “deuda histórica” que se tiene con las personas trans.

Junto con el borrador de la Ley Trans, el Ministerio de Igualdad ha presentado el de la Ley LGTBI. Desde la parte mayoritaria del Gobierno apuestan por fusionar ambas leyes. Sin embargo, el acuerdo que se llevó a cabo para formar el gobierno de coalición contemplaba dos normas independientes.

Desde Igualdad esperan que los textos lleguen en los próximos días al Consejo de Ministros para que ambas leyes sean aprobadas en la segunda quincena de febrero. Sin embargo, desde la parte socialista del Gobierno no son tan optimistas.

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