Corea del Sur enfrenta una profunda crisis institucional tras la proclamación de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk Yeol.

Esta decisión del 3 de diciembre de 2024, presentada como una medida para proteger al país de supuestas amenazas «comunistas» relacionadas con Corea del Norte y «fuerzas antiestatales», ha generado divisiones políticas significativas y desatado protestas masivas.

¿Qué es la ley marcial?

Antes que nada, es importante entender qué es la ley marcial: es una medida extraordinaria adoptada por un Estado en respuesta a situaciones de emergencia que amenazan gravemente el orden público, la seguridad nacional o la estabilidad del gobierno. Se trata de un régimen temporal en el que los poderes civiles son parcial o totalmente transferidos a las autoridades militares, que asumen el control directo de la gestión de la sociedad. Esto puede incluir la imposición de toques de queda, la censura de los medios de comunicación, arrestos sin orden judicial, juicios sumarios en tribunales militares y la limitación o suspensión de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de prensa y de reunión.

La proclamación de la ley marcial puede ocurrir durante periodos de guerra, insurrecciones, graves disturbios civiles o desastres naturales a gran escala, cuando las autoridades civiles no son capaces de mantener el orden. Aunque está pensada como una medida temporal para restablecer la estabilidad y proteger a la población, su aplicación puede generar controversias. De hecho, el poder concentrado en manos de las fuerzas armadas puede dar lugar a abusos, represiones y violaciones de los derechos humanos, especialmente en contextos donde no existe un control adecuado o donde el régimen se utiliza para consolidar autoritarismos.

Históricamente, la ley marcial se ha aplicado en diversos países con resultados variables. Algunos gobiernos la han utilizado como una herramienta legítima para enfrentar crisis reales, mientras que otros la han proclamado como pretexto para reprimir a opositores políticos o consolidar su poder. Su activación a menudo requiere un delicado equilibrio entre la necesidad de seguridad y el respeto a las libertades fundamentales, lo que la convierte en una de las decisiones más controvertidas y críticas que un Estado puede tomar.

Las razones del gobierno

Yoon justificó la adopción de la ley marcial como necesaria para preservar el orden constitucional y la estabilidad nacional, acusando a la oposición de paralizar el parlamento y actuar de manera subversiva. Según el presidente, es imprescindible «erradicar las fuerzas pro-Corea del Norte» para defender la República de Corea. Sin embargo, muchos analistas consideran que esta medida busca consolidar su poder en un contexto de baja popularidad y creciente presión polític.

La ley marcial ha recibido críticas tanto de la oposición como de algunos miembros del propio partido gobernante. Lee Jae-myung, líder del Partido Democrático, calificó la medida como «ilegal e inconstitucional», instando a los ciudadanos a manifestarse frente al parlamento. Incluso figuras del Partido del Poder Popular, el grupo político de Yoon, han expresado preocupación por el uso excesivo de poderes extraordinarios .Mientras tanto, las fuerzas armadas han tomado el control de instituciones clave, suspendiendo las actividades parlamentarias. Esto ha intensificado el temor a un posible retorno al autoritarismo, evocando los períodos más oscuros de la historia surcoreana marcados por regímenes militares y la represión de derechos civiles.Protestas e incertidumbreLas calles de Seúl y otras ciudades importantes se han llenado de manifestantes exigiendo el retorno a la normalidad democrática. La opinión pública está polarizada: una parte apoya a Yoon en su lucha contra las influencias norcoreanas, mientras que otra teme un abuso de poder y restricciones a las libertades civiles.La situación sigue siendo incierta, y el futuro político del país dependerá de cómo las instituciones y la sociedad civil respondan a esta crisis. La ley surcoreana permite que el parlamento revoque la ley marcial con una mayoría, pero el bloqueo de las actividades legislativas complica aún más el panorama.

Esta decisión, presentada como una medida para proteger al país de supuestas amenazas «comunistas» relacionadas con Corea del Norte y «fuerzas antiestatales», ha generado divisiones políticas significativas y desatado protestas masivas.