El pasado 20 de diciembre las autoridades bolivianas arrestaron al gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho por su participación en el caso ‘Golpe de Estado I’’.

Su detención ha producido desde entonces diversas protestas alrededor del país especialmente en el departamento de Santa Cruz donde la población en general ha salido a bloquear las calles aumentando la enemistad que existe entre la región occidental y oriental del país.

El paro lleva ya 9 días y si bien no ha sido constante, teniendo algunos días de normalidad en la ciudad, los diez puntos de bloqueo en las carreteras que comunican el departamento con el resto del país están empezando a tener efectos en los precios de los alimentos.

El día de mañana 10 de enero se ha anunciado otro paro al cuál se sumaran también los ciudadanos del departamento de Potosí puesto que la figura opositora, Marco Pumari, con quien Camacho se habría postulado en las elecciones del 2020, también habría sido arrestado por las mismas razones.

Otro caso de persecución políticas es el de la expresidenta Jeanine Añez que ha sido condenada a 10 años de prisión por incumplimiento de la Constitución y por situarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial.

Estos hechos dejan a Bolivia , según el índice del 2022 del Estado de derecho del World Justice Proyecto, en el puesto 130 entre 140 países en general, en el lugar 135 en términos de corrupción judicial y en el puesto 139 en justicia penal, solo por delante de Venezuela.

Estas medidas han demostrado también, según algunos analistas como Gonzalo Mendieta, la desagregación del partido oficialista, el Movimientos Al Socialismo (MAS). El mismo parece estar dividido entre los que apoyan al actual presidente y aquellos que aún siguen apostando por el expresidente Evo Morales.

Dadas las circunstancias podría la oposición, que también se encuentra dividida, buscaran un objetivo común y quizás sacar al MAS del poder. Sin embargo, para ello necesitarían poder dialogarán y resolver sus diferencias.