El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó ayer un informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. El Poder judicial, encuentra partes del texto inconstitucionales. Ha criticado duramente la parte relacionada con la retención de personas que se nieguen a identificarse ante la Policía, la instalaciones de controles en lugares públicos y la denegación del pasaporte en caso de declararse el estado de alarma, excepción o sitio.

El informe lo han elaborados los vocales: Wencesalo Olea y María Victoria Cinto. Además contará con los votos del vocal Enrique Lucas y Mercé Pigem y Concepción Sáez.

El CGPJ declara que el artículo 16 del Anteproyecto de Ley de Seguridad no es compatible con el artículo 17 de la Constitución, ya que da poder a las Fuerzas de Seguridad para la identificación de personas cuando haya indicios o sospecha de haber cometida una infracción o pueda cometerla, establece además la facultad de retenerlas si se niegan o no es posible identificarlas en ese momento.

Según el informe del CGPJ, debería incorporarse al artículo 16 la «obligación» de los agentes de informar, «de modo inmediato y comprensible», de las razones del requerimiento de identificación, así como indicarse la duración máxima tanto de la retención como de la medida de identificación en dependencias policiales.

Además los vocales del CGPJ considera que no se ajusta a la Constitución la posibilidad de poder hacer controles de identificación en lugares públicos, para descubrir o detener a los posibles infractores.

El informe pone en duda la legalidad de denegar el pasaporte cuando sea necesario en los supuestos de los estados de alarma, excepción y sitio.

El informe se discutirá mañana en el � Pleno del CGPJ, consideran que los términos de justificación de la intervención de los poderes públicos son «excesivamente amplios» y recomienda adecuarlos a los límites constitucionales del concepto de seguridad ciudadana