(EP) El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han emitido un comunicado en el que presentan los principales deberes asumidos por ambas partes en el acuerdo sobre el tercer punto de la agenda del diálogo de paz, que versa sobre el problema de los cultivos ilícitos de droga, y en el que se incluye el compromiso de la guerrilla de terminar «cualquier relación» que hayan tenido con el narcotráfico.

En este pacto se recoge que «el consumo de drogas debe ser asumido como un problema de salud pública» y se establece como compromiso del Gobierno de «liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública«, incluyendo la puesta en marcha de políticas y programas en esta dirección.

En este último punto, ambas partes insisten en la participación de las propias comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los citados programas, dando una especial importancia a la implicación de las mujeres en este proceso. Así, se pretende «proteger a los eslabones más débiles de la cadena de narcotráfico, que son los cultivadores y los consumidores».

Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC en La Habana, ha sido uno de los primeros en referirse a este acuerdo sobre narcocultivos, afirmando que «acorta distancia hacia la paz». En este sentido, aunque señala que quedaron algunos puntos pendientes, añade que «estos no pueden ser un obstáculo para la firma de un acuerdo de paz que debe ser refrendado por una constituyente». Durante su discurso, Márquez ha aprovechado para cargar contra las políticas de Estados Unidos respecto a la lucha contra el narcotráfico y ha denunciado la intervención de sus servicios secretos, que según el guerrillero «han utilizado el negocio para financiar campañas encubiertas, el lavado de activos por parte de bancos de norteamericanos y de Europa y la inyección de ‘narcodineros’ en algunos eslabones de la economía».

Por su parte, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, ha explicado que el objetivo final es liberar a Colombia de los cultivos ilícitos y de siembra de coca y asegura que lo acordado «se relaciona con lo pactado en el primer punto sobre la reforma rural integral». El Gobierno, tras la firma del acuerdo de paz, pondrá en marcha un programa de limpieza de minas, lo que obliga a la guerrilla al suministro de información sobre la ubicación de estos artefactos, de acuerdo con la información de la emisora colombiana Caracol Radio, que añade que el Ejecutivo reforzará la lucha contra el narcotráfico con la creación de nuevas instituciones.


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