El 6 de noviembre, Emilia, una mujer de 83 años de Zaragoza, saltó desde la ventana de su piso después de que no se le concediera la petición de eutanasia. La anciana sufría una luxación congénita de cadera que se había agravado con los años y estaba confinada en la cama. Su desesperada petición de eutanasia duró cuatro meses y no se le concedió.
Consuelo Miqueo, médica jubilada y miembro de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente en Aragón, relató los hechos que llevaron a Emilia a quitarse la vida: «El médico de cabecera no quiso coger su hoja de petición (presentada a través de su hija). Después de 15 días de repetir la petición de eutanasia, Emilia volvió a presentarla a través de su hija a su médico de cabecera, que tampoco la aceptó.«
Tras esta doble negativa, este familiar habló con la coordinadora de su centro médico y dejó allí el documento. El coordinador envió el documento, pero no recibió ninguna notificación.
En octubre, la familia acudió a la asociación de Zaragoza para presentar una denuncia, aunque la asociación desaconsejó presentarla porque este proceso tardaría más que la propia solicitud de eutanasia.
Desde que el pasado 25 de junio entró en vigor la ley de eutanasia en España – la eutanasia o el suicidio asistido pueden ser solicitados por personas que padezcan una enfermedad «grave e incurable» o una enfermedad «grave, crónica e invalidante» que les cause «sufrimientos insoportables» – la aplicación de esta práctica se ha visto obstaculizada en varias comunidades autónomas. Especialmente en aquellas comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Andalucía, Madrid y Galicia.