Desde la detención del expresidente peruano Pedro Castillo a finales del año pasado por intento de auto golpe parte del Perú ha estado sumido en violentos enfrentamientos.

Concentrados principalmente en la zona sur del país, en las regiones de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cuzco y Puno, las manifestaciones han cobrado ya la vida de centenares de muertos.

En el último encuentro entre manifestantes y la policía, que tuvo lugar en las proximidades del aeropuerto de Juliaca – en el departamento de Puno, el día de ayer, murieron 17 personas y otras 68 resultaron heridas.

Los protestantes piden la renuncia de la presidenta interina Dina Boluarte, pidiendo la convocatoria de elecciones inmediatas y la liberación del expresidente Castillo.

«Desde el gobierno no estamos generando la violencia y la muestra de ello es que en Puno hay policías que están heridos», declaró Boluarte por televisión abierta.

Para el analista arequipeño Gonzalo Banda, «los muertos que hemos visto en Puno en las últimas horas pueden ser un disparador para una mayor radicalidad de las protestas».

Las protestas se concentran en la región sur del país porque es ahí donde se encuentra la base electoral del presidente Castillo; en su mayoría campesinos quechua hablantes, quienes se habrían visto representados por Castillo en su campaña electoral porque él también habría sido campesino.

Las críticas hacia la autoridad, sin embargo, se hicieron sentir tanto entre aquellos que lo apoyaban como dentro de las elites peruanas de la capital. Estas últimas reprochaban la mala gestión y corrupción mientras los del sur lo increpaban por no cumplir con las promesas radicales que habría hecho durante su campaña electoral, entre ellas la de una asamblea constituyente.

Por otro lado, la resistencia o aparente ‘supresión’ por parte del estado central formaría parte de una larga tradición de intentos por mantener el status quo.

Fue el sur del país desde donde han nacido la mayoría de los intentos por descentralizar el poder en el Perú y combatir medidas como la privatización de dos empresas públicas de energía por parte del gobierno de Alejandro Toledao en 2002 que culmino con el ’Arequipazo’. Y las protestas contra las concesiones mineras del gobierno de Alan García a empresas canadienses que adoptaron el nombre ‘Aimarazo’.

Según el historiador Gonzalo Banda, esto se debe a que «El Estado nunca ha invertido lo suficiente en el sur, ni en escuelas, ni en hospitales ni en ninguna otra obra pública. Pese a que todos los gobiernos han hecho promesas, nunca se cumplieron y hay toda una agenda postergada con respecto al sur».

Contrastando con esto esta la cantidad de empresas que extraen los recursos de la zona. En términos generales ha habido un crecimiento en la cantidad de riquezas del país, pero no en la cantidad de escuela u hospitales en las zonas rurales.

Pero no solo es un problema de los intereses del estado central sino también la corrupción que invade a muchas de las autoridades locales de estas regiones. Según Banda, «la corrupción es generalizada a nivel de los gobiernos regionales y las alcaldías»

Desde el principio del estallido social el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se pronunció en apoyo a Castillo y a favor de la Asamblea Constituyente. Hace un par de días, sin embargo, se le prohibió la entrada al país por incentivar el ‘proselitismo’.

El escenario de los últimos acontecimientos, Puno, es un estado histórica y culturalmente muy vinculado a Bolivia con quienes comparte frontera. Basta ver si es que recibirán ayuda del país vecino.

Lo que sí se puede esperar es un contexto más agitado y una presión aún mayor en Boluarte para dar explicaciones de lo ocurrido, algunas de estas voces incluso insisten en su renuncia.