A partir del próximo mes de octubre los jueces de migración estadounidenses tendrán una cuota mínima al año de 700 casos para resolver.

Es bien conocida la política implementada por el presidente norteamericano respecto a los migrantes en su país, de allí que el siguiente paso de su administración sea el de reducir la cantidad de casos de deportación pendientes por decisión en EEUU. La nueva norma que entrará en vigor en octubre exige a los jueces un porcentaje de efectividad en las sentencias de forma que no sean revertidas las decisiones en instancias judiciales superiores.

Entre las exigencias está la de tomar decisión tres días después de la visita judicial, existen alrededor de 700.000 casos de deportación estancados en el sistema judicial estadounidense por lo que el departamento de justicia había anunciado la contratación de más jueces de migración. Por su parte el sindicato de los jueces ha advertido que esto podría minar la independencia judicial y agravar los retrasos, dado que la defensa de los migrantes podría alegar el incumplimiento del debido proceso al no tener tiempo suficiente para armar sus casos.

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